La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue publicada en el Registro Oficial del Ecuador el 10 de junio de 2025, tras su aprobación en la Asamblea Nacional, promovida por el Presidente Daniel Noboa y tramitada con carácter económico urgente, busca fortalecer la respuesta del Estado frente al conflicto armado interno y las economías criminales que afectan la seguridad nacional y el tejido social del país.

¿Cuáles son los objetivos principales de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional?

Los objetivos principales de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional son:

• Reconocimiento del Conflicto Armado Interno, la ley faculta al Presidente de la República a declarar mediante decreto ejecutivo la existencia de un conflicto armado interno, sin necesidad de instaurar un estado de excepción. Esta declaración permite la aplicación de medidas excepcionales en materia de seguridad, economía y protección de derechos humanos, garantizando algunos principios como:
• Distinción, proporcionalidad, necesidad y enfoque humanitario en el uso de la fuerza.
• Diferenciación clara entre civiles y objetivos militares.
• Fortalecimiento de las Fuerzas del Orden
• Se permite que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reciban donaciones nacionales e internacionales, deducibles del Impuesto a la Renta por parte de personas naturales y jurídicas.
• Se implementan mecanismos de control patrimonial, pruebas de confianza y análisis del entorno familiar del personal operativo para prevenir vínculos con organizaciones criminales.
• Atención a Víctimas y Apoyo Productivo, se establecen mecanismos prioritarios de atención integral para las víctimas del conflicto armado, con acceso preferente a salud física y mental, asistencia legal y social, se crea un registro nacional de víctimas administrado por la Defensoría del Pueblo, se otorgan incentivos económicos a productores agrícolas, pescadores artesanales, emprendedores, artesanos y sectores de la economía popular en zonas afectadas por la violencia.

¿Cuáles son las principales reformas legales introducidas por la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional?

• Reformas Penales y de Seguridad, se introduce una modalidad procesal acelerada aplicable a delitos vinculados al conflicto armado interno mediante Audiencia Única con Carácter Excepcional, esta modalidad tiene las siguientes características:

1. Plazo Máximo: debe celebrarse en un máximo de 90 días desde la acusación.
2. Aplicación: a detenidos en flagrancia o procesados por pertenecer a grupos armados organizados. Si no aceptan un procedimiento abreviado, se impone prisión preventiva obligatoria.
3. Efecto Procesal: si el acusado acepta los cargos, se impone de inmediato la pena mínima prevista, sin requerir juicio posterior.

• Indulto con Efecto Diferido, el Presidente de la República podrá suspender la prisión preventiva de miembros de la Policía o Fuerzas Armadas procesados por actos ocurridos durante operaciones de seguridad, siempre que exista sentencia ejecutoriada. No aplica para delitos como corrupción, genocidio o desaparición forzada.
• Endurecimiento Penal y Bienes Incautados.
  • Se incrementan penas por tráfico de combustibles, estableciendo hasta 13 años de prisión por sustracción de crudo desde oleoductos.
  • Se ordena la entrega de bienes incautados a grupos delictivos en un plazo no mayor a 15 días, con prioridad para su uso en seguridad fronteriza.
• Reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para distinguir entre tenencia de drogas para consumo personal y otras formas de posesión, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura.
• Modificación relevante para el funcionamiento de la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, se introdujo una modificación de fondo al régimen jurídico de las Sociedades por Acciones Simplificadas limitando su campo de actuación económica en el Ecuador, la normativa incorpora una disposición expresa que prohíbe a las S.A.S. realizar actividades en sectores estratégicos o regulados excluyéndolas de participar en actividades económicas que:
• Requieren licencias, autorizaciones o habilitaciones especiales.
• Son consideradas áreas estratégicas o reservadas al Estado, conforme a lo establecido en el artículo 313 de la Constitución del Ecuador las siguientes:
  • Energía en todas sus formas
  • Telecomunicaciones
  • Recursos naturales no renovables
  • Transporte y la refinación de hidrocarburos
  • Biodiversidad y el patrimonio genético
  • Espectro radioeléctrico
  • Agua
• Minería
• Están sujetas a régimen de supervisión financiera, bursátil o asegurador o cualquier actividad con tratamiento legal especial.

La finalidad de las limitaciones a las actividades de la SAS es fortalecer el control estatal en sectores sensibles o estratégicos para el desarrollo nacional, evitar el uso de figuras societarias simplificadas en actividades que implican alto riesgo económico, técnico o jurídico, proteger la integridad del sistema financiero, bursátil y asegurador, mediante formas societarias sujetas a mayor exigencia en cuanto a gobierno corporativo, capital, fiscalización y responsabilidades.

¿Cuáles son las Medidas Económicas y Sociales que incorpora la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional?

• Constitución de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), la ley autoriza la formación de sociedades anónimas deportivas, integrándolas al régimen mercantil ecuatoriano con los siguientes fines y restricciones:
  • Fomento de la inversión privada en el sector deportivo, bajo el marco de la Ley de Compañías.
  • Mejora en la gestión empresarial y administrativa de clubes deportivos.
  • Impulso a la sostenibilidad económica y la gobernanza corporativa.
  • Prohibición expresa de involucramiento en lavado de activos y financiamiento al terrorismo o grupos armados organizados.
  • Registro contable obligatorio, auditorías y aplicación de estándares formales del mercado legal.

Estas disposiciones buscan evitar que el deporte profesional sea utilizado como mecanismo de blanqueo de capitales, alineando su estructura con los principios de transparencia financiera.

• Fortalecimiento Institucional, las instituciones de seguridad estarán sujetas a protocolos preventivos internos, como:
  • Declaraciones patrimoniales periódicas.
  • Pruebas de confianza obligatorias.
  • Análisis del entorno familiar del personal activo.

• Se refuerza el control institucional contra infiltraciones del crimen organizado.
• Reactivación Económica y Atención Social
• Se incluyen medidas de reactivación económica con enfoque territorial:
  • Incentivos económicos para sectores afectados por el conflicto.
  • Apoyo directo a productores agrícolas, pescadores, comerciantes populares y artesanos.
• Atención preferente a víctimas, con servicios integrales y registro nacional oficial.

Conclusión

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional representa un hito legislativo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, al consolidar un marco legal integral para enfrentar de manera eficaz y coordinada los desafíos derivados del conflicto armado interno y el avance de las economías criminales. Su promulgación responde a la necesidad de dotar al Estado de herramientas legales ágiles y contundentes, que permitan actuar con firmeza en defensa del orden democrático, la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional.

Esta normativa articula reformas sustanciales en materia penal, procesal, económica, administrativa y social, configurando un enfoque multidimensional orientado no solo a reprimir el delito, sino también a prevenir su reproducción estructural. En ese sentido, la incorporación de la figura de la audiencia única, la prisión preventiva obligatoria, el indulto diferido para agentes estatales, y el fortalecimiento de los procesos de incautación y destinación de bienes ilícitos, revelan un cambio en la lógica de actuación del Estado frente al crimen organizado: una intervención rápida, proporcional y centrada en resultados.

Por otro lado, el componente económico y social de la ley, especialmente a través de la creación de sociedades anónimas deportivas y los incentivos a la economía popular, busca recuperar el tejido productivo en zonas afectadas por la violencia, prevenir nuevas captaciones delictivas en sectores vulnerables y garantizar un modelo de desarrollo territorial equitativo. Estas medidas contribuyen también a formalizar sectores estratégicos como el deporte profesional, impidiendo que se conviertan en plataformas para el lavado de activos o el financiamiento de estructuras ilegales.

Asimismo, la ley introduce un enfoque centrado en los derechos humanos, a través del reconocimiento expreso a las víctimas del conflicto armado interno. El establecimiento de un registro nacional de víctimas, sumado al acceso preferente a salud física y mental, asistencia legal y programas de reinserción, refleja una voluntad de reparación integral, que reconoce los impactos diferenciados de la violencia y apuesta por la justicia social.

Finalmente, desde una perspectiva institucional, la Ley de Solidaridad fortalece los mecanismos internos de control, supervisión y depuración en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, contribuyendo a restaurar la confianza ciudadana en sus principales órganos de seguridad. La articulación entre transparencia, eficiencia operativa y rendición de cuentas se convierte así en un eje transversal de esta legislación.

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